Costa Rica es una república democrática, libre e independiente, de régimen presidencialista. Desde el rompimiento del orden constitucional ocurrido en 1948 y después de la promulgación de la Constitución Política de 1949, el país ha celebrado elecciones de forma regular cada cuatro años, hecho que lo identifica como uno de los pocos países de América Latina en donde la alternancia política se ha concretado sin interrupción a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Entre 1969 y 2002 la reelección presidencial estuvo prohibida por una reforma al artículo 132 de la Constitución Política. En 2003, la Sala Cuarta Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar dicha reforma, permitiendo la reelección no consecutiva.

El Gobierno de Costa Rica se rige a través de una serie de controles constitucionales. Las responsabilidades ejecutivas recaen en el Presidente, apoyado por dos Vice-presidentes. Asimismo Costa Rica cuenta con un Poder Legislativo constituido por un gabinete de 57 congresistas, todos ellos elegidos por 4 años. El tercer poder de la República lo constituye el Poder Judicial.
El país cuenta con un sistema legal muy sólido justamente tutelado por el Poder Judicial, el cual asegura el cumplimiento de la ley y protege tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros dentro del territorio.

El sistema electoral costarricense se caracteriza por los siguientes rasgos generales: a) jurisdicción electoral especializada, independiente de los demás organismos del Estado; b) un régimen de partidos políticos que compiten en igualdad de condiciones; c) sufragio universal, voto directo y secreto cada cuatro años, para la elección del Presidente, Diputados y Representantes municipales ; d) un padrón electoral permanente; e) voto en papeleta individual para cada elección, con la respectiva lista de candidatos que designan los partidos políticos en elecciones libres; f) método de elección del Presidente de la República por mayoría de votos, siempre que la votación del candidato sea superior al 40% del total de votos válidos; y g) método de elección de diputados y munícipes por cociente, subconsciente y residuo mayor (variante del sistema proporcional) .

La Constitución Política vigente data desde 1949 estableció un sistema de gobierno dividido en tres poderes:

Además de los tres Poderes, y funcionando en conjunto, el sistema político cuenta con un Tribunal Supremo de Elecciones que constituye el órgano constitucional superior en materia electoral y por lo tanto, es el responsable de la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio. Goza de independencia en el desempeño de su función y de el dependen el Registro Civil y las Juntas Electorales, lo cual garantiza la transparencia y pureza del sufragio electoral. Está integrado, ordinariamente por tres Magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia.

Entre las principales funciones del Tribunal Supremo de Elecciones destacan las siguientes: convocar a elecciones populares; interpretar en forma exclusiva las disposiciones constitucionales en materia electoral; dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas e investigar y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas.

También se ha desarrollado un notable fortalecimiento de la democracia en el área de los controles al ejercicio del poder y las garantías a los derechos de los ciudadanos. La creación de la Defensoría de los Habitantes, de la Comisión Nacional del Consumidor y de la Procuraduría del Ambiente; las audiencias sobre tarifas de servicios públicos abiertas por la ARESEP; y el establecimiento de contralorías de servicios en muchas instituciones, entre otras instancias, brindan a los ciudadanos mayores posibilidades de defender sus intereses y los de sus comunidades. Mediante la atención de recursos de amparo, la Sala Constitucional ha robustecido los derechos de petición y el debido proceso. Asimismo, la aprobación del mecanismo constitucional del Referendo abre la posibilidad de consultar al pueblo sobre asuntos de gran trascendencia nacional.

Costa Rica ha desempeñado continuamente un papel activo y constructivo en la arena internacional. Los principios reflejados en su política exterior son parte de la identidad nacional, tres de ellos destacan: la abolición del ejército; el compromiso de largo plazo que ha tenido el país con la democracia,  los derechos humanos y el desarrollo humano; y finalmente el papel activo en la protección del medio ambiente.